Es innegable la importancia de aplicar la perspectiva de género a los procesos judiciales en todos los fueros, de modo de garantizar verdadera igualdad de trato, evitando incurrir en la discriminación y/o violencia institucional contra la mujer.

En esto es fundamental la capacitación de los actores de la justicia para que, desde una perspectiva multidisciplinar, procuren un abordaje adecuado a las demandas y necesidades propias de esta problemática compleja como es la violencia de género.

Durante 3 días intensivos, las profesionales Leila Mónica Alberto, secretaria de la Cámara del Trabajo, Silvina Delgado  y María Milagros Álvarez Campero ambas del Juzgado de Violencia Familiar y de Género, asistieron al entrenamiento “Abordaje a la Violencia de Género”, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la sede de la Junta Federal de Cortes y Tribunales Provinciales.

Las funcionarias accedieron a esta especialización mediante las becas que la organización no gubernamental, “Unidos por la Justicia”, puso a disposición a través de la Escuela de la Magistratura, que dirige el Juez de Corte, Fabián Vittar.

El programa fue específicamente diseñado para especializar a profesionales que intervienen en la problemática de la violencia de género en las áreas jurisdiccionales, a aquellos que tienen a su cargo la producción de medidas de prueba para la acreditación de los hechos y a quienes intervienen en la asistencia a víctimas de violencia.

Además la experiencia se convirtió en un espacio de reflexión para visualizar y cuestionar las estructuras patriarcales aún dominantes en los distintos ámbitos de la sociedad actual.

Uno de los ejes del programa giró específicamente, en torno al marco normativo y a los efectos de la suscripción de tratados internacionales de derechos humanos en la materia, respecto de la responsabilidad del Estado y de sus agentes en las obligaciones impuestas.

En ese contexto se profundizó lo establecido en el Convenio Nº 190 de la Organización Internacional del Trabajo donde se  la tolerancia cero en materia de violencia hacia la mujer, advirtiéndose la necesidad de capacitar a los funcionarios del Poder Judicial para que sean capaces de detectarla en expedientes judiciales y actuar en consecuencia.